Trabajadores de la ciudad de Bogotá durante un reparto de productos de primera necesidad en la barriada de San Luis, una de las más deprimidas de la capital colombiana./Europa Press.
La Fiscalía de Colombia abrió una investigación preliminar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como a la Comisión Reguladora de Energía y Gas, por las presuntas subidas de las tarifas de estos servicios durante la pandemia de la COVID-19.
Así lo ha anunciado el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter, tras las últimas quejas presentadas por los ciudadanos, quienes han denunciado, además de subidas en los precios y en las tarifas, cobros injustificados.
"Esta indagación se originó (...) con fundamento en las quejas recibidas por presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos", ha escrito la Fiscalía en un comunicado.
En las últimas semanas, múltiples quejas han sido difundidas a través de las redes sociales ante este supuesto incremento de las tarifas, por lo que las autoridades han señalado que buscarán "establecer los controles" con los que "garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales de los ciudadanos".
Debido a estos supuestos sobrecostes en la facturación, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar "contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, y el municipio de Santuario, Risaralda".
No es la primera vez que la Fiscalía inicia medidas contra supuestos abusos cometidos durante la pandemia, pues ya a finales de abril, junto con otros organismos de control, presentó un informé sobre los sobrecostes que se habían producido en los contratos de ayuda humanitaria lanzados para atender la crisis sanitaria.
De acuerdo con estas investigaciones, se encontraron incrementos injustificados en productos médicos, de protección sanitaria y en infraestructuras tecnológicas, aunque fue en la subida de los precios en mercados y tiendas de alimentación donde más se pudo comprobar esta situación.
Ante este problema, el presidente del país, Iván Duque, advirtió de que "todo el peso de la ley" caería sobre aquellos que intentasen sacar tajada de la pandemia.
"Aquel que robe una ayuda para atender la pandemia es un bandido de la peor ralea, propio de una rata de alcantarilla. Quien le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos le debe caer todo el peso de la ley, con mucha contundencia", defendió.
En relación al último balance de la situación de la pandemia en Colombia, el Ministerio de Salud ha confirmado este domingo 29.383 casos de contagio y 939 muertes.